Arma defensa legal Club Campestre contra decreto de expropiación.
Afirman que la propiedad privada no se puede invadir por decisiones políticas.
El Consejo Directivo del Club Campestre de Tijuana emprendió las acciones legales correspondientes para evitar que el gobierno del estado expropie las instalaciones, lo cual fue señalado como revancha política y una acción carente de sustento.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo, Mario Gastón Toledo Castillo, indicó que el intento de expropiación afecta a más de 800 familias que asisten al Club Campestre desde hace 73 años.
Anotó que actualmente el Club genera 225 empleos directos y más de 1,000 indirectos, y que mienten aquellos que afirman que no son los legítimos dueños, pues cuentan con los documentos que avalan la titularidad del inmueble.
“Como presidente del Club Campestre quiero que quede claro que fui electo, como todos mis antecesores, para dirigir y administrar las actividades que un Club requiere, pero hoy tengo la obligación moral de dirigir y presidir la legal defensa de un espacio que nos pertenece a todos y cada uno de los socios del Club y no pararé hasta entregarles un resultado positivo”, expresó Toledo Castillo.
Por su parte, el Dr. Adolfo Solís Farías, abogado del Club Campestre de Tijuana, señaló que el decreto con el que se pretende expropiar el inmueble tiene deficiencias técnicas y que carece de sustento legal.
“El Club se ha visto mermado en sus bienes y derechos, ha habido manipulación y alteración a las partidas registrales, lo que ya está denunciado ante los jueces federales y tendrá que revertirse”, argumentó.
El abogado mencionó que ya se tomaron acciones legales y se va a comprobar la improcedencia de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California, misma que se publicó con modificaciones el pasado 25 de enero de 2021, donde se señala que un bien expropiado constituirá un bien de dominio público, el cual podría ser concesionado, sin licitación, por lo que solo se busca el beneficio de una sola persona.
Además, el Dr. Adolfo Solís resaltó que la titularidad, en el reglón de propietario, estaba el Club Campestre de Tijuana, pero después de la modificación apareció el nombre del secretario de desarrollo urbano.
“Se borraron partidas registrales donde, casualmente, se acredita la propiedad, y se crearon dos gravámenes inexistentes e injustificados; esto ya está ante jueces federales que tienen protegido al club para que no se hagan mayores manipulaciones”, precisó.
Mientras, el Lic. Roberto Quijano Sosa, representante de los socios y vocero del Club Campestre de Tijuana, refirió que la indemnización por el inmueble, de acuerdo con los valores, sería de 1,500 millones de pesos, lo que equivaldría a más del 20% del presupuesto de la ciudad.
“El punto 27 del decreto dice: el mantenimiento, recuperación y mejora de espacios existentes deberá tener mayor jerarquía que la creación de nuevos espacios públicos, entonces que le den mantenimiento a los más de 200 parques que están en total abandono”, sentenció.
Finalmente, enfatizó que el decreto apesta a revancha política y no a un reclamo social, y pidió que así como Club Campestre ha sido respetuoso de las leyes y sus reglamentos, que la autoridad haga exactamente lo mismo.
En la conferencia de prensa también estuvieron socios del Club Campestre, pertenecientes a familias fundadoras, como el Lic. Gilberto Fimbres Hernández y Clara Huerta Cota.